El viernes 1 de agosto el BOE (Boletín Oficial del Estado) publicó un Real Decreto
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por el que se desarrolla el
derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados
en determinados establecimientos accesibles al público.
Abreviando,
que las bibliotecas públicas, entre otros, van a tener que pagar por tener
libros y porque sus usuarios los lean.
Para
que nadie se equivoque, creo que los autores tienen que cobrar por sus
creaciones. A mí no me vale eso de todo gratis. ¿O es que solo queremos
aficionados? ¿O tienen que ser pagados por el Estado?
Con
la primera opción estaríamos abocados a un empobrecimiento cultural y con la
segunda, a un control de la creación por parte del gobierno de turno.
El
argumento para la puesta en marcha de este decreto es el artículo 1.1 de la
Directiva 2006/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre derechos de
alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el
ámbito de la propiedad intelectual y que obliga a los Estados miembros de la
Unión Europea.
Eso
sí, como son tan buenos, esta obligación se matiza y permite establecer
excepciones en lo referente a los préstamos públicos, y siempre que los autores
obtengan al menos una remuneración por esos préstamos, y podrá ser determinada
libremente por los Estados miembros teniendo en cuenta sus objetivos de
promoción cultural.
En
el caso de España ya sabemos lo que nos espera. La sensibilidad cultural del
gobierno ha quedado demostrada. A los hechos me remito.
Quedan
exentas las bibliotecas docentes integradas en el sistema educativo o los
establecimientos de titularidad pública que presten servicio en municipios de
menos de 5.000 habitantes. Pasarán por caja, además de las bibliotecas, las
hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública.
La
mayoría de las personas creíamos que en el precio de los libros iban incluidos
los derechos de autor y que, dadas sus características, las bibliotecas
públicas no se verían sometidas a más gravámenes.
Los
pagos se podrán realizar a través de las entidades de gestión de los derechos
de autor.
Llegados
a este punto es cuando uno no puede dejar de pensar en todos los atropellos
realizados por alguna de estas entidades. El nombre pónganlo ustedes, por
favor.
Ya
puestos a cobrar, lo hacen por todo.
Las
bibliotecas públicas pagarán por el número de obras sujetas a derechos de autor
(0,004 euros por obra) como por el número de usuarios efectivos del servicio de
préstamo (0,05 euros por usuario). Los pagos son anuales.
Visto
como ponen las cosas, las bibliotecas públicas pueden tomar sus medidas.
La
política de adquisiciones podría cambiar. En vez de tener unos criterios para
intentar cubrir un amplio espectro de autores y materias, como hasta ahora, lo
podrán circunscribir a aquellos autores más demandados.
Me
da a mí que si eso se produjese los autores peninsulares, en muchísimos casos,
iban a salir muy mal parados. Algunos de ellos deben mucho a las bibliotecas públicas.
También
podrían adquirir solo aquellos libros, u otros materiales, de aquellos autores
que no se acojan a este impuesto.
Habrá,
incluso, algunas bibliotecas que podrían verse obligadas a articular unas estadísticas
B con los datos reales para pagar
menos.
Como
pueden ver, los desatinos podrían llegar a ser muchos.
Esta
normativa se aplicará a partir del 1 de enero de 2016. Hasta esa fecha el
cómputo se obtendrá multiplicando por 0,16 euros el número de obras adquiridas
en cada biblioteca.
Miren,
que a las bibliotecas públicas se les aplique este impuesto me parece un
despropósito total. Quienes lo han ideado lo han hecho con un afán recaudatorio
puro y duro para defender unos intereses privados, con un desprecio total hacia
lo que representan estos servicios públicos.
Cualquier
democracia que se precie cuida y mima sus bibliotecas públicas, por lo menos
hasta ahora. La Unión Europea lo ha
olvidado. En España, tras el furor constructivo de nuevos edificios, se las fue
relegando hasta dejarlas con unos presupuestos exiguos. Con esta medida les
están poniendo la puntilla.
Ese
espacio libre, el más democrático de todos los servicios públicos, verá como
poco a poco languidece y sus fondos se volverán obsoletos. Los presupuestos
para nuevas adquisiciones se reducirán aún más y los usuarios no encontrarán
alicientes para volver a sus bibliotecas públicas. Ya saben, las novedades se
las tendrán que comprar y no se preocupen que los libros digitales no bajarán
de precio.
Van
camino de cargarse uno de los pilares
del conocimiento y acceso a la cultura más importantes de nuestra democracia.
¿Le importa a alguien?
Ahora les toca pagar a las bibliotecas públicas by M. Santiago Pérez Fernández is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional License.
No hay comentarios:
Publicar un comentario