Publicado en La Nueva España el 25 de enero de 2017
El
agua no es un producto comercial sino un bien público imprescindible para la
vida y la dignidad humanas y de ningún modo se debe promover la privatización
de las empresas del agua en el contexto de programas de ajuste económico o
cualquier otro procedimiento de coordinación de política económica de la Unión
Europea.
No
lo digo yo, lo dijo el Parlamento Europeo en una resolución de 8 de septiembre
de 2015, sobre el seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water.
Es
necesario proteger la titularidad pública del agua impulsando modelos de
gestión pública.
Oigan,
que lo dijo el Parlamento Europeo.
Miren
si son osados estos parlamentarios europeos que se atrevieron a solicitar a los
estados miembros que garanticen la aplicación a los servicios de aguas y
saneamiento de un sistema tarifario justo, equitativo, transparente y adecuado.
Llegados
aquí me entra la risa.
Cojan
un recibo del agua. Comprueben los metros cúbicos que han gastado. Si han
gastado menos de 21, por poner un ejemplo, no se preocupen, les cobrarán
igualmente 21. Si se pasan de esos 21 metros cúbicos tampoco se preocupen, les
cobrarán un recargo. Ven, todo está muy claro. El mínimo para pagar son 21.
Mínimo que varía de un lugar a otro.
Lo
cual me conduce a otra pregunta: ¿Cómo es que varía ese mínimo? ¿Lo marca el
ayuntamiento de turno o la empresa que lo gestiona? ¿En esto del agua no hay
también un mínimo vital?
Nada,
cosas mías. Si lo hacen así es por nuestro bien. ¡Qué sabré yo de estas cosas!
En
esto de lo público o privado – úsese, si quieren engañarse, aquello de gestión
privada de un recurso público – no está claro ni para las gentes de un mismo
partido. A los ejemplos me remito.
El
Ayuntamiento de Navia pretende que el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa)
asuma la gestión del agua en ese concejo. Según el alcalde naviego, Ignacio
García Palacios, se trata de una idea que podría mejorar el servicio que hasta
el momento presta Asturagua.
Pues
eso.
Por
su parte, el alcalde de Cangas del Narcea, José Víctor Rodríguez, manifestó que
la idea es gestionar el agua públicamente, ya sea a través de un consorcio o
directamente desde el Ayuntamiento. En este municipio gestión corresponde a
Aquagest.
Pues
bien.
En
el lado contrario, en este tema, se encuentra el alcalde de Tineo, José Ramón
Feito Lorences, que se manifestó en contra de volver a asumir la gestión del
agua.
Pues
vale.
Los
tres son alcaldes del PSOE.
Por
cierto, son muy “curiosos” los cambios que estas empresas privadas del agua
realizan con su nombre. Tan pronto es Asturagua, como luego Aquagest, más tarde
vuelven al primero. Un lío, la verdad. Para ellos no tanto, son la misma
empresa.
De
pronto me viene a la cabeza el Caso Pokemon. Malas pasadas del subconsciente.
El
grupo Agbar, Aguas de Barcelona, es una sociedad que controla, o controlaba –
yo que sé a estas alturas – Aquadom, empresa que controla – o controlaba – once
demarcaciones geográficas. Tiene presencia destacada en Castilla y León,
Castilla la Mancha y Asturias.
Aquadom
era – o sigue siendo, yo que sé – el único accionista de la Hidrobal que tiene
negocios en Baleares; Canaragua, en Canarias; Hidrogea en Murcia; Hidraqua en
la Comunidad Valenciana; Aquanex en Extramadura; Viaqua en Galicia; Aquarbe en
Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja; y Aquara en Aragón.
Ahora
tienen otra denominada Sorea.
Siento
no poder ser más preciso pero con tanto cambio me pierdo. Por ahí deben andar
las cosas. En internet pueden ver sus páginas.
Y
todo esto lo traigo a colación ya que demuestra que el agua es un gran negocio.
Ya saben, el agua, ese bien público de primera necesidad.
Una
curiosidad. Allá por el 2004, un veintidós de julio, en un lugar de Asturias,
del que me acuerdo pero no voy a nombrar, el pleno municipal aprobó “un
incremento de la retribución de la empresa concesionaria del servicio integral
de abastecimiento de agua y saneamiento de este concejo equivalente al 10,72 %
para el ejercicio 2003 y al 9,32% para el 2004 en concepto de revisión de
precios”. Y todo ello “de acuerdo con el convenio suscrito entre la empresa
concesionaria y este Ayuntamiento con efectos de 20 de diciembre de 2002 según
el cual la revisión de precios de los periodos comprendidos entre primer
trimestre de 2003 y segundo de 2006 se realizará suplementando el IPC
correspondiente en 6,72 puntos para absorber las revisiones no practicadas en
los años 1999, 2000, 2001 y 2002”.
Bien,
creo que no necesita muchos comentarios.
Estoy
seguro que habrá quien me hable de las bondades de lo privado en la gestión de
lo públicos. También podrán decirme que los gestores de lo público se preocupan
más de ganar votos que en hacer las cosas bien. Y así ad infinitum.
Yo
lo único que sé es que lo público está engordando muchas carteras, sobre todo las
de aquellos que más lo denigran. Tengo muy claro que cada vez que se privatiza
– externaliza según eufemismo político – un bien público tiene varios
resultados casi inmediatos: peor servicio, más caro para los ciudadanos y salarios
más bajos para los trabajadores. No voy a ser maximalista, yo no conozco ningún
caso en el que haya sucedido lo contrario.
¿Remunicipalizamos el agua? by Santiago Pérez is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional License.
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