18 ene 2023

La corrupción campa a sus anchas por España


 


  Una de las cuestiones que más cabrea a los ciudadanos de este país es el de la corrupción. La mayoría de los partidos políticos están hasta el cuello de corruptos, unos más que otros. La sensación ciudadana es que se trata de un problema generalizado, enquistado en los partidos y en la sociedad. ¿Es verdad? Joaquim Bosch, magistrado, realiza una disección del fenómeno de la corrupción en España en su libro La patria en la cartera.
  El ensayo tiene como fuentes multitud de sentencias judiciales firmes así como una amplia bibliografía,  estudios realizados por historiadores y otros expertos de reconocida solvencia, de dieciocho páginas. El autor recurre también a informes de organismos españoles e internacionales independientes. Joaquin Bosch ofrece datos e informaciones contrastadas, no da cabida a la conjetura.
  El libro, de 461 páginas, parte de la corrupción sistémica del Estado franquista que abarcaba todos los ámbitos de la sociedad. La llegada de la democracia no supuso el freno a esas prácticas ilegales que tanto daño hacen al país.
  Hay cuestiones que están demostradas y que son indiscutibles, a pesar del negacionismo de un sector de la población que vive anclada en el pasado franquista o bien que desconoce su historia. Las prácticas corruptas enriquecieron a Franco, a su familia y cargos políticos importantes, así como a militares y a quienes apoyaron el golpe de Estado de 1936.
  La dictadura franquista fue un régimen clientelar corrupto que repartió bienes, servicios públicos y puestos administrativos entre los seguidores del régimen.
  Joaquin Bosch hace un repaso a algunos de los casos más destacados de la connivencia entre el régimen franquista y las empresas, muchas de las cuales llegaron a nuestros días y otras se fusionaron tomando nueva denominación. Los mismos lobos con piel de cordero. Les aseguro que la relación encabrona.
  En palabras del autor «se normalizó de manera amplia que al poder se le debía pagar el preceptivo peaje y que el trato de favor era la regla general» (pág. 106).
  Tras esa exposición de los orígenes recientes del fenómeno corrupción surge la pregunta ¿por qué en la Transición no se puso fin a las prácticas corruptas de la dictadura? El magistrado Bosch realiza un repaso a lo sucedido en aquellos años.
  La Transición no fue una etapa idílica, cargada de buenas voluntades y tan bonita como la pintan. Al contrario, hubo mucho miedo y muertos, muchos muertos, por violencia política. Entre 1975, muerte de Franco, y 1982, llegada al  poder del PSOE, más de 700 personas murieron a causa de esa violencia política. No se crean que todas fueron causadas por ETA, que asesinó a 376 personas en ese período. Por actuaciones policiales y órganos estatales murieron 178 ciudadanos y la extrema derecha mató a 67 ciudadanos.
  La Transición tampoco fue un pacto entre iguales. La transformación política fue dirigida por destacados ex dirigentes del franquismo y los recién incorporados a la política española sabían que tenían en frente a unos contrincantes que jugaban con las cartas marcadas.
  Pero estos, los políticos, no fueron los únicos actores. No debemos olvidar que las grandes empresas españolas, engordadas por el franquismo, querían seguir creciendo y para ello era imprescindible acercarse a Europa a todos los niveles.
  Es necesario reiterar, para comprender, que la sociedad de la Transición estaba condicionada por el recuerdo de la Guerra Civil y la posterior represión franquista.  A quienes tuvieron la «veleidad» de olvidar el pasado reciente, en aquel momento, se lo recordó el intento de golpe de Estado del 23 F, en 1981, que no fue la única intentona ni mucho menos.
  Bosch recoge la opinión de Ignacio Sánchez-Cuenca quien afirma que los altos cargos del franquismo se organizaron para asegurarse espacios influyentes en el nuevo sistema político. En este mismo sentido abunda el autor cuando nos ofrece los siguientes datos: «de los cincuenta últimos ministros de Franco, la mitad continuaron en cargos políticos en la democracia; cerca de la otra mitad pasaron a ocupar puestos directivos en las principales empresas del país. Las Cortes democráticas constituidas tras las elecciones de junio de 1977 contaban con 110 parlamentarios que habían sido procuradores u otros cargos relevantes del franquismo» (págs. 134-135).
  A estas alturas creo que todos sabemos, o deberíamos saber, que en la Transición hubo un pacto no escrito de silencio sobre las actuaciones de los dirigentes del franquismo e incluso se les lavó la cara a muchos de ellos. Fue un acuerdo entre las elítes políticas sin debate y participación de los ciudadanos.
  Desde luego se dejó de lado la exigencia de responsabilidades políticas por la corrupción. Eso supuso la permanencia de aquellas prácticas en las institucciones democráticas.
  La falta de controles desembocó en el aprovechamiento por parte de los partidos para financiarse vía corrupción. No faltaron, desde luego, individuos que se enriquecieron con sus prácticas corruptas. No se salva ni el PSOE, PP o IU, como tampoco los nacionalistas encabezados por CDC, sin salvar al PNV, tan puros ellos.
  La Ley de Asociaciones Políticas de 1976 prohibía expresamente la financiación extranjera, se ignoró. Con la aprobación de un nuevo Código Penal en 1995 se creó la Fiscalía Anticorrupción, pero el delito de financiación ilegal de los partidos políticos no entró en vigor hasta 2015. Creo que no hacen falta comentarios.
  La legislación urbanística liberalizó el suelo y con ella el dinero corrió a raudales. Ahí los corruptos se hincharon de dinero. Las recalificaciones de suelo como urbanizable ha sido uno de los epicentros de la corrupción.
  La relación de casos que se enumera, sin ser todos ni mucho menos, ocupa unas cuantas páginas y cabrea un montón. Son de todos conocidos y muchos siguen aún sin juzgar.
  Joaquín Bosch considera que la ausencia de una profesionalización de los cargos directivos en la Administración conduce a una falta de controles internos. En España hay miles de altos cargos designados por el Gobierno de turno. Considera el autor que es muy importante separar la política y la gestión pública. Las decesiones deben ser políticas, pero la ejecución de las políticas públicas tienen que realizarla profesionales cualificados. En este sentido podemos recordar la ingente cantidad de políticos sin cualificación que dirigieron Cajas de Ahorros y el resultado.
  A esa ingente cantidad de cargos a dedo hay que sumar la proliferación de sociedades estatales, autonómicas o locales de gestión de bienes públicos en las cuales se han producido muchas irregularidades por la falta de controles.
  No contribuye al saneamiento de los partidos políticos la existencia de candidaturas electorales cerradas y bloqueadas. Los partidos siguen incluyendo en sus listas electorales a personas indignas de ocupar un cargo público. Lo de castigar a un partido político por los casos de corrupción generados en su seno no se ha producido por lo que podemos decir que los ciudadanos tenemos más responsabilidad de la que queremos asumir.
  Despotricamos contra las puertas giratorias, pero al final los ciudadanos miramos para otro lado y nos conformamos con soltar exabruptos en las redes sociales. Sabemos que las empresas contratan a ex políticos con enormes salarios, no por sus conocimientos sino por sus contactos. Igualmente hemos aceptado como normal, que desde luego no lo es, los sobrecostes en las obras públicas tras los que se esconden irregularidades o directamente ilegalidades o corrupción pura y dura.
  Los órganos judiciales son analizados. Falta de medios, métodos de trabajo lentos y unas cúpulas  judiciales  muy politizadas no contribuyen a mejorar la situación.
  Resumiendo, podemos decir que la corrupción en España está motivada por la ausencia de controles en la contratación pública, por la financiación de los partidos políticos y la lentitud de la justicia, sin olvidar la avaricia personal.
  Hasta aquí un bosquejo de lo que pueden encontrar en  La patria en la cartera. Se lo recomiento. Les cabreará, pero aclarará causas, consecuencias y soluciones al problema de la corrupción en España. Queda claro que se trata de un problema sistémico que está incrustado en la política y que afecta a toda la sociedad.

 

 


  Comentario para Cadena Ser Occidente 17 enero 2023

 

 

 

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