Exigencias nacionalistas para apoyar un gobierno de Sánchez

  La política regula la vida pública por medio de la palabra, los acuerdos, y, en su caso, por la mayoría de votos. Los políticos tienen que ajustarse a las leyes y formas democráticas, que nunca se pueden desdeñar o infravalorar. Quienes incumplen las leyes, aunque no las compartan, incurren en un delito que puede ser castigado con la separación de la función pública o incluso la cárcel.

  Parece una perogrullada ¿verdad? Pues a la vista de los acontecimientos parece que hay que repetirlo.

  ¿Es admisible hablar con un prófugo de la Justicia? Lo es, no hay que rasgarse las vestiduras, sea o no político. El diálogo nunca es malo. Otra cosa bien distinta es que ese prófugo imponga sus condiciones, sobre todo si es un político que quiere transmitir una determinada imagen, en este caso de una victoria moral. No nos engañemos, eso es lo que quiere transmitir Puigdemont a los suyos y al resto de los ciudadanos. Que la vicepresidenta segunda del gobierno en funciones, Yolanda Díaz, se haya desplazado a Bruselas a entrevistarse con Puigdemont no tiene un pase democrático. El catalán impuso sus condiciones y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, aceptó. Lo dicho, las formas son importantes en democracia. Reitero, el gesto solo tiene una lectura: el prófugo impuso sus condiciones.

  Según la legislación española, la actual, Puigdemont realizó actos contrarios a las leyes, por los cuales no ha sido juzgado ya que huyó de España, lo cual significa que era consciente de estar cometiendo un delito. Ahora la pregunta que nos estamos haciendo es ¿se le puede amnistiar? La discusión está también entre los juristas. En principio, y para un profano en leyes, parece absurdo y un despropósito amnistiar lo no juzgado.

  Quienes defienden la constitucionalidad de la amnistía mencionan que la Constitución no lo prohíbe. En esto están todos de acuerdo. A continuación esgrimen que las Cortes Generales tienen la potestad de legislar lo que quieran, excepto lo expresamente prohibido. Como no hay artículo constitucional que lo prohíba, ancha es Castilla. Entre estos se encuentra Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, quien afirma que la carta magna prohíbe «la transferencia al Gobierno de la potestad de dictar indultos generales, pero no hace referencia a la potestad legislativa de las propias Cortes Generales para aprobar una ley de amnistía». Me parece rizar el rizo.

  Para otros como  Luis Arroyo Jiménez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, dice que cuando se concede una amnistía no juzgada se está impidiendo que los jueces juzguen en el futuro conductas amnistiadas. Entiendo que según esta opinión se crearía un precedente. No me parece muy claro, opinión de profano, ya que una amnistía o es general o limitada a un número de personas por unos acontecimientos concretos como es el caso. Me parece a mí. Es mucho lío.

  Manuel Aragón, catedrático emérito de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, defiende que la amnistía vulneraría el principio de igualdad entre los españoles. Entiende que cabe el indulto. En principio parece bastante lógico. Pasan por el juzgado y luego se les indulta. Ya sucedió con los  procesado por el «procés». ¿Qué tiene de especial Puigdemont? Pues que los votos de Junts son necesarios, de ahí sus pretensiones.

  Vayamos a ellas.

  El nada honorable expresident aprovecha la coyuntura, la vicepresidenta segunda se lo puso fácil, para exigir el reconocimiento del «conflicto político», el abandono de la vía judicial, la amnistía y un mecanismo de control. Y ya puestos a pedir, pide «explorar» la posibilidad de celebrar un referéndum acordado. Le faltó «y dos huevos duros».

  No podía faltar el argumento histórico manipulado. Habló de la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714. Se pasa por el forro que los hechos a los que se refiere el ex fue una guerra de sucesión internacional entre los Austria y los Borbones por el trono de España. Los catalanes su pusieron de parte de los Austria y perdieron.

  Las peticiones de Puigdemont son inaceptables, menos aún con estas formas. No puede irse de rositas sin pasar por un juzgado, luego indúltenlo si quieren, en caso contrario no podrán esgrimir que la Justicia es igual para todos.

  No hay que olvidar que hay un montón de independentistas que esperan juicio y que en algunos casos se les exigen elevadas cantidades de dinero. La pela es la pela.

  Los independentistas vasco no podían dejar pasar la ocasión y también hablaron, de otra forma pero poniendo las cosas muy difíciles. Y ahí estuvo Íñigo Urkullu, Presidente del País Vasco, con un artículo en El País.

  Utiliza, como no, términos como «federalización asimétrica». Se me pone la carne de gallina. Siguen apostando por las diferencias entre unas comunidades y otras, o lo que es lo mismo, entre unos ciudadanos y otros, dependiendo de donde nos nazcan.

  Habla, Urkullu, de «bilateralidad efectiva» o lo que lo mismo que de conferencia de presidentes nada de nada. Pide reuniones entre el gobierno de Madrid y el Vasco en exclusividad, que seguramente tendría muchos acuerdos secretos como los tiene el Concierto Económico.

  Urkullu menciona la Loapa (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) y afirma que fracaso ya que igualó por abajo recortando por arriba, lo que se denominó «el café para todos» cosa que por supuesto no querían.

  Ahora quiere dar forma jurídica a la «actualización de los derechos históricos» o lo que es lo mismo, olvidarnos de «el café para todos» y hablar del café para los vascos no con «pingarates», con la botella de coñac para ellos solos, y además del caro.

  Como novedad propone el presidente vasco una convención constitucional, eufemismo para evitar hablar de reforma constitucional que pone muy nerviosos a muchos. Quiere llegar a «el autogobierno de las comunidadesde raíz foral» o incluso, acto magnánimo por su parte, «el autogobierno de las nacionalidades históricas», eso quiere decir País Vasco, Cataluña y Galicia, el resto de las hoy autonomías se quedarían fuera.

  Vuelven a las andadas. Tengo la sensación de que les jode que los demás aspiremos a tener los «derechos» que ellos tienen. Quieren tener la exclusividad de avanzar a mayor ritmo que el resto de España. En ningún momento habla de solidaridad entre comunidades ni «zarandajas» por el estilo.

  El resultado electoral del 23 de julio fue endiablado para llegar a acuerdos parlamentarios. Si la legislatura pasada fue complicada esta puede ser terrible, si llega a formarse gobierno. Los independentistas van a lo suyo sin pensar en el conjunto de los ciudadanos españoles, les importamos un pito. Harán todo lo posible por avanzar en sus conseguir lo máximo posible. En estos momentos están forzando la máquina de la negociación siendo conscientes que a la hora de sentarse en la mesa sus pretensiones se verán rebajadas, siempre es así y lo saben, pero tienen que quedar bien ante los suyos, sus votantes, el resto les importamos una mierda.

  Parece que Feijóo lo tiene fatal, o ¿acaso les va a ofrecer todo lo que piden los independentistas de los que reniega? Sánchez lo tiene más fácil, en apariencia, habrá que ver que coste está dispuesto a pagar. De momento las peticiones me parecen inasumibles. Veremos.

  Hace tiempo ya comenté que tenía la impresión de que quieren conducir al país, España, por la senda del confederalismo, pues dígase y que nunca se olvide la solidaridad interregional. Nada de relaciones bilaterales, luz y taquígrafos.

  Vamos hacia tiempos muy convulsos con una derecha cada vez más cerca de la extrema derecha que no contribuye a la tranquilidad.