A nadie le cabe duda que la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación) para abreviar la Ley Celaá, va a durar lo que dure este gobierno. Será la octava ley educativa de este país y no será la última ni mucho menos.
En esto de la educación no hay consenso posible, ¿causas? La iglesia católica. Así, sin paliativos.
La Iglesia católica es el mayor empresario, en España, en la educación privada, concertada o no. Un negocio muy lucrativo que además reúne otro requisito no menos importante: les permite transmitir una concepción de la vida muy sesgada, acrítica. Introducen, vía educación, opiniones y debates sociales basados en la fe y alejados de la razón y la ciencia.
Cualquier intento de racionalizar el sistema educativo choca contra el muro de la intransigencia eclesial. Obispos, curas, organizaciones católicas, partidos de derecha y extrema derecha saltan al cuadrilátero y lo que debía ser un debate sosegado y racional lo convierten en una pelea callejera. Valga de ejemplo la carta del arzobispo Jesús Sanz Montes, titulada Una ley de muy mala educación.
El PP siempre ha sido el adalid de la iglesia católica, ahora se le une Ciudadanos, más por cuestiones económicas que otra cosa, y la extrema derecha que se apunta a un bombardeo. Y ya está el lío montado.
No soy quien - ni me apetece, ni me da la gana – para defender ni esta ley ni a este gobierno. Las informaciones que escuché, algunas nada creíbles, me llevaron a leer el proyecto de ley Celaá. Lo pueden consultar en la página web del ministerio, son 81 páginas.
La financiación a colegios concertados proviene de la década de los años 80, del siglo pasado, cuando las infraestructuras educativas eran escasas y malas. No, el franquismo tampoco se preocupó de la enseñanza. Ante esa carencia los gobiernos socialistas empezaron a financiar a esos colegios con el fin de escolarizar a toda la población. Con el desvío de presupuestos públicos quedó claro que la educación era un gran negocio, la Iglesia ya no soltó la presa y siguiendo la máxima bíblica crecieron y se multiplicaron. Lo mismo ha sucedido con la sanidad concertada. Los resultados a la vista están.
Los argumentos contra la ley Celaá son claros y fácilmente desmontables. Voy a utilizar algunos de los argumentos de Mario Arias, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Oviedo, que son idénticos a los de su grupo político y adláteres.
El concejal Arias manifestó que “es una ley educativa que se tramita sin el consenso necesario y sin diálogo con las Comunidad Educativa”. Pues bien, el Partido Popular sacó adelante la ley Wert únicamente con sus votos, nada más con sus votos. Todos los sectores implicados protestaron por dicha ley.
Esta crítica del PP obvia su actuación en aquel momento y por tanto su argumento carece de peso político. La ley Celaá ha sido apoyada por varios partidos políticos cosa de la que careció la ley Wert.
El PP no está legitimado para realizar esa crítica a la vista de sus actuaciones, otros sí, ellos no.
Siguiendo con Mario Arias afirma que esta ley “ataca formalmente la Constitución española, hurtando el derecho de las familias a elegir en libertad la educación que quieren para sus hijos”.
Esta opinión, pues tal es, no es cierta.
La ley Celaá dice, entre otras cosas: “Las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos y alumnas en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales. En dicha regulación se dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza. En todo caso, se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del con necesidad de apoyo educativo”.
Me parece que su problema es el que ahora no podrán excluir a alumnos. Quieren mantener la selección del alumnado, no vaya a ser que se les llenen los centros de alumnos procedentes de la inmigración. Quieren que la multiculturalidad quede reducida a colegios gueto públicos.
En este mismo sentido: “Las Administraciones educativas garantizarán la igualdad en la aplicación de las normas de admisión lo que incluye el establecimiento de las mismas áreas de escolarización o influencia para los centros públicos y privados concertados, de un mismo municipio o ámbito territorial, en función de las enseñanzas que imparten y de los puestos escolares autorizados”.
Esto también les molesta. Es más de lo mismo, quieren recibir financiación pública pero después gestionar su centro concertado como un privado. Pues lo tienen bien fácil, que lo conviertan en privado.
No se hurta ningún derecho a las familias, todo lo contrario, se evitan agravios y se tiende a la equidad.
Esto por lo que se refiere a la elección de centro.
Por si esto fuera poco, la nueva ley recoge que los padres tienen derecho, entre otros, “a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos”. Y dice que los padres también tienen derecho a “participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas”.
Ciertamente son medidas totalitarias.
En relación con la implicación de padres, profesores, alumnos, con esta ley se vuelven a recuperar las competencias de los consejos escolares que la ley Wert había reducido y limitado a funciones informativas. Así, por ejemplo, serán esos consejos escolares, repito que con la presencia de padres, quienes aprobarán el proyecto educativo y la programación general del centro y participarán en la selección del director.
A la Iglesia, al PP, a Cs y la extrema derecha no les gustará, y no hay nada que objetar, pero lo que están haciendo es desinformar y mentir. Aunque hay que reconocer que se deja engañar quien quiere, la ley se puede consultar, pero claro, hay que leerla.
Hay otra cuestión de la que hablan poco: los ayuntamientos no podrán ceder terrenos públicos para construir colegios privados. El PP es muy generoso con los espacios públicos. Los colegios privados concertados, que son privados, esgrimen necesidades de ampliación debida a la demanda de plazas y el ayuntamiento de turno se lo cede gratuitamente. No lo dedican para construir colegios públicos, faltaría más. En Madrid son especialistas en esta materia.
¡Cómo no van a protestar! Lo hacen por la pérdida de privilegios concedidos por el PP.
Pero no es nada nuevo. El presidente José María Aznar, en 1998, permitió a la iglesia católica inscribir propiedad y lugares de culto que no estaban registradas hasta entonces. La iglesia registró esas propiedades con una certificación del obispo de turno y no estaba obligada a hacer pública la inscripción ni a pagar el Impuesto de Transmisión Patrimonial.
He aquí otro enorme expolio a los ciudadanos auspiciado por el PP.
Otro de los argumentos cansinos, también recogido por el aguerrido edil carbayón señor Arias, es que “eliminan el castellano como lengua vehicular de la enseñanza”. Es cierto, lo que pasa es que lo dicen cómo si fuese una verdad inmutable o estuviese recogido en la Constitución. Pues ni uno ni lo otro. Lo de lengua vehicular para el castellano o español fue introducido por el PP en la ley Wert en 2013. Otra cosa es que les guste o no y lo que implica por aquello del modelo de inmersión lingüística. Es cierto que inicialmente la ley Celaá recogía lo incluir el castellano como lengua vehicular y que tras las negociaciones entre ERC (Esquerra Republicana de Cataluña) y PSOE y Unidas Podemos se eliminó. Así y todo, el Tribunal Constitucional y el Supremo ya resolvieron que el castellano deber ser lengua vehicular y utilizarse en al menos un 25 por ciento del horario lectivo en Cataluña.
La ley también recoge, no he leído nada de que se hubiese retirado, que “al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana, y en su caso, en la lengua cooficial correspondiente”.
En relación con el aprendizaje de las lenguas habladas en España la Celaá, permítanme la confianza llegados aquí, dice: “Los centros adoptarán las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y en su caso en las lenguas cooficiales, tomando como referencia el análisis realizado previamente e incluyendo dicho análisis y tales medidas en su proyecto educativo”.
En fin.
Una mentira en la que insisten machaconamente es la de que se “impone la desaparición de la educación especial en el plazo de diez años”. El concejal ovetense lo afirma con rotundidad y sin ponerse colorado. Me parece que ni leyó por encima la ley.
Veamos. La Disposición adicional cuarta. Evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, dice literalmente: “Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollarán en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo a los centros ordinarios”.
Perdonen, pero ¿dónde narices se habla de desaparición? Mienten descaradamente. Se lo repito otra vez: “…Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo a los centros ordinarios”.
Si continúan afirmando que van a desaparecer, además de mentirosos son unos miserables que no les importa preocupar a los padres y familiares de esas personas con necesidades especiales. Hay que ser muy cabrones. Se pasan su propia doctrina religiosa por el arco de triunfo.
Hablemos de religión. La iglesia católica, el PP y demás están muy cabreado por otro motivo, ¡la religión deja de contar en la nota media del expediente académico y de tener una materia alternativa que deban cursas quienes no la elijan! Terrible ¿verdad?
La Celaá recoge que tienen derecho “a que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
La religión como doctrina religiosa no desaparece de las aulas, desgraciadamente. La iglesia y la derecha se queja de que se devalúa la religión en la enseñanza ¿y? ¿Dónde está el problema? La fe en las iglesias.
He leído, en algún lado, un argumento curioso. Esgrimían que la Celaá impone una ideología laicista impropia de un Estado no confesional. De verdad, así lo leí.
Vuelvo al concejal Mario Arias. Tipo curioso este. Afirma que se suprime la oposición como modo de acceso a la labor inspectora. Vamos a ver cómo lo digo… pues miente descaradamente. Les recuerdo que es portavoz del PP en el ayuntamiento de Oviedo. No desmerece a sus jefes de fila.
Soy consciente de que me estoy alargando mucho, pero creo que es necesario para desmentir tanta patraña.
Veamos, señor Mario Arias y company, la ley dice que “El acceso al cuerpo de inspectores de educación se realizará mediante concurso-oposición. Los aspirantes deberán contar una antigüedad mínima de ocho años en algunos de los cuerpos que integran la función pública docente y una experiencia docente de igual duración”.
Señor Arias y compañía ¿dónde narices se suprime la oposición? Miente, señor Mario Arias.
Como es normal en las administraciones se reservan puestos de promoción interna o de méritos y en este caso también. Nada raro. Así “en las convocatorias de acceso al cuerpo de inspectores, las Administraciones educativas podrán reservar hasta un tercio de las plazas para la provisión mediante concurso de méritos destinado a los profesores que, reuniendo los requisitos generales, hayan ejercido con evaluación positiva, al menos durante tres mandatos, el cargo de director”.
Ya les vale.
A la Iglesia, al PP y a la extrema derecha no les gusta lo de fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. A Cs no tengo ni idea de lo que les gusta.
A todos ellos, la Iglesia, el PP, Cs y extrema derecha les jode que “aquellos centros que separen por género a sus alumnos deberán necesariamente incluir y justificar en su proyecto educativo las medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas, incluyendo la educación para la eliminación de la violencia de género, el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y su diversidad, y la participación activa para hacer realidad la igualdad”.
Esto les exaspera. Eso de la violencia de género y la igualdad les supera.
Personalmente creo que es un error introducir el tema de la identidad de género. Los esfuerzos por lograr la igualdad entre mujeres y hombres se verá lastrada por esa identidad de género. Esta cuestión traerá cola y la brecha se volverá a agrandar.
A la Iglesia, al PP, Cs y extrema derecha eso del respeto a otras culturas no les cuadra demasiado. Son más partidarios de una aculturación extrema.
En lo referente al paso de un curso a otro no hacen demasiado ruido. Es menos relevante para ellos.
No me gusta. Desde hace años se ha impuesto eso de la inteligencia emocional y la hemos fastidiado. Por lo que me cuentan profesores que llevan treinta años en las aulas, una cosa es hablar de la inteligencia emocional y otra dar clase día a día.
Aquí me quedo.
Vista la ley, escuchadas a las partes, llego a la conclusión de que la Iglesia, el PP, Cs y extrema derecha mienten descaradamente. Que la ley les guste más o menos, poco o nada, es una cosa, otra bien distinta es lo que están haciendo.
Mientras la iglesia católica quiera regir nuestras vidas y cuente con el apoyo de PP y compañía, no habrá ley de educación de consenso y el enfrentamiento social estará servido en muchas cuestiones que afectan a la vida de los ciudadanos y no a sus creencias.
¡Dejen de mentir!
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