Hace unos años, con periódicos, emisoras de radio y televisiones muy contados era fácil ubicar a cada uno en el espectro político y su línea editorial no ofrecía dudas. Todo estaba claro. Las deudas de los medios no contribuyeron a afianzar su independencia, como tampoco lo hizo el compadreo con los partidos políticos.
Con la expansión de internet y la aparición de las redes sociales la información nos desborda y esa saturación descontrolada, muchas veces anónima, provoca tal ruido que no es fácil descubrir los bulos. Esas mentiras esconden intereses políticos y económicos bastardos, nada democráticos ni legales.
¿Cómo descubrir, y en su caso sancionar, los bulos y las desinformaciones? No es fácil.
La aprobación de la orden ministerial que regula el Procedimiento de actuación contra la desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, ha levantado polvareda. Curiosamente, el PP lanza críticas furibundas cuando tiene sobrados motivos para callar.
Este nuevo procedimiento actualiza el vigente desde la etapa del presidente Mariano Rajoy. El Gobierno del PP monitorizó las redes para detectar campañas de intoxicación informativa ligadas al proceso independentista catalán. Casi nadie protestó. Pero esto se le olvida a Casado.
En la nueva orden del Ministerio de la Presidencia se expone su motivación. Dice, entre otras cosas que “… la libertad de expresión y el derecho a la información se consagran como derechos fundamentales en nuestra Constitución. Sin embargo, estos procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios”.
Nada que objetar. Es una realidad en la que todos coincidimos. Siendo así, parece adecuado que se tomen medidas para evitar esas manipulaciones.
No es novedad puesto que la Unión Europea lleva desde 2015 luchando contra las campañas de desinformación y el 5 diciembre de 2018 presentó un Plan de Acción contra la desinformación.
En ese plan se dice que hay que aumentar los recursos para reforzar con personal y herramientas el análisis de datos, además de ofrecer una respuesta coordinada de los Estados. En él se recoge que exigirán el cumplimiento del código de buenas prácticas a las plataformas que ofrecen información en línea. Además crearán grupos de verificación y contraste de datos con el fin de la detección temprana de campañas de desinformación en las redes sociales.
Está claro cual es su función.
Por su parte el Comité Económico y Social Europeo (CESE) dice sobre el Plan de Acción contra la desinformación que “los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, deben apoyar la creación de equipos de verificadores de datos e investigadores independientes multidisciplinares con un conocimiento específico de los entornos de información locales al objeto de detectar y exponer las campañas de desinformación entre las diferentes redes sociales y medios digitales”.
Fíjense que el CESE habla de investigadores independientes.
Ese mismo comité reconoce como fuentes fundamentales de desinformación a la Federación Rusa, agentes económicos y medios de comunicación de terceros países, entre los que se encuentran China y USA, fuentes internas así como organizaciones extremistas.
En el caso de España, además del Consejo de Seguridad Nacional, en la lucha contra la desinformación están involucrados la Secretaría de Estado de Comunicación, la Presidencia del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia y los gabinetes de comunicación de los ministerios.
Con el plan pretenden “fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación, así como el papel de la sociedad civil”.
¿Cómo se mide? ¿El Gobierno lo determinará?
Resulta curioso escuchar a Casado, al PP, criticar esta medida. Han espiado a los suyos, han intervenido las redes y ahora montan bronca. El PSOE, en su momento, también les criticó por el procedimiento establecido por el gobierno de Mariano Rajoy.
No es cuestión de apoyar a unos u otros. Se trata de establecer unas normas que impidan o limiten al máximo la posibilidad de que el Gobierno de turno se exceda y utilice esas medidas en su beneficio.
Hace muchos años que dejé de creer en la buena voluntad de los gobiernos y los partidos. La separación, nítida, de poderes y organismos públicos contribuiría a hacer más difícil los posibles intentos de control. Los compartimentos estancos y la total transparencia en lo público mejoraría nuestra calidad democrática.
Las cuestiones de Seguridad Nacional tienen que tener su reserva, pero eso no significa carta blanca para hacer y deshacer, menos aún si se trata de vigilar a los medios y ciudadanos españoles.
Este plan es un tema tan serio que la fórmula de orden ministerial no me parece adecuada. La falta de debate y acuerdo en el Parlamento me parece imprescindible, como también me parece imprescindible que los jueces estén, obligatoriamente, avalando las actuaciones. Y no hablo de judicializar, ni burocratizar, unas actuaciones que tienen que ser muy dinámicas y resolutivas de forma casi inmediata, hablo de que no se comentan tropelías por parte de nadie. ¿Es mucho pedir? Tampoco me parece descabellado que haya además investigadores independientes multidisciplinares, como dice el CESE.
No nos engañemos, siempre estuvimos sometidos a manipulaciones. Hasta la llegada de Internet todo era más lento, pero no diferente. Ahora las desinformaciones llegan de forma inmediata desde el emisor a los receptores, que antes eran unos cientos o miles y ahora son millones. Han cambiado las herramientas no el fondo.
Las tentaciones de control por parte del poder, aunque sea democrático, están ahí. Las democracias se caracterizan, entre otras muchas cosas, por poner trabas a esos intentos y vigilar que las libertades sean reales y no mero discurso.
Las protestas de la derecha y extrema derecha en España tienen muy poco de defensa de los intereses colectivos y más de pirómanos.
Cualquier intento de supervisión o tutelaje unilateral de la libertad de expresión debería tener enfrente a los ciudadanos, gobierne quien gobierne. Lo que se cede no se recupera.
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