Justicia e incomprensión social

Comentario para Cangas del Narcea en la Onda, de Onda Cero Radio (08/10/2013)

                                                      

La Justicia no es una entelequia, no es algo irreal. Todo lo contrario. Afecta a los ciudadanos de forma directa y condiciona nuestra vida en sociedad. Y no hablo de ganar un pleito contra un vecino o una empresa, que también. Hoy voy a hablarles de esas sorpresas que nos llevamos los ciudadanos cuando se mezclan los juzgados, los políticos y el dinero.

El poder judicial debe ejercer, en una democracia, un papel que tiene que estar sustentado en unos pilares que ya recoge nuestra Constitución: ser independiente, inamovible, responsable y únicamente sometido al imperio de la ley.

Estos principios, de forma instintiva, los hemos asumido todos los ciudadanos. Y ya desde aquí empieza el desconcierto. ¿Independencia? ¿Responsabilidad? ¿Imperio de la ley?

Antes de proseguir, permítanme que recuerde que nuestra Constitución también habla de que “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”.

En este apartado baste recordar el incremento de las tasas judiciales decretado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Son muchos los que han dicho que a partir de esa ley el acceso a la justicia ya no es igual para todos.

Ya el barón de Montesquieu dijo, allá por 1748, cuando publicó “El espíritu de la leyes” que el poder judicial era de escasa importancia política en relación con los otros poderes. Pero claro, eso fue hace mucho tiempo. Hoy las cosas han cambiado ¿verdad? Veamos algunos ejemplos.

Hace pocos días, el Tribunal Constitucional avaló que su presidente pueda participar en la deliberación de 26 asuntos por los que le había recusado la Generalitat y el Parlament de Cataluña.

Normal. ¿Qué hay de extraño? En principio nada. Aunque tal vez se les olvidó tener en cuenta que no dijo que era militante del Partido Popular –y no es ilegal, solo que no lo dijo y eso significativo. Tampoco tuvieron en cuenta sus críticas públicas a las políticas de los nacionalistas catalanes y entonces Francisco Pérez de los Cobos, que así se llama, ¿va a ser independiente?

Casos como este nos desconciertan.

Como ejemplo de incomprensión ciudadana podemos poner el caso de las dietas de Caja Navarra. En él estaba involucrada la presidente regional, Yolanda Barcina.

La causa fue archivada. El Tribunal Supremo lo decidió y la jueza que lo llevaba no le quedó otro remido que hacer lo mismo.

Todos vimos las informaciones periodísticas. ¡No entendemos nada!

Tampoco somos capaces a comprender lo que sucede con Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y del Partido Popular en esa provincia. Años y años de demora en sus asuntos con los juzgados le persiguen. ¿Motivos de esta tardanza? Los ciudadanos no los sabemos.

El proceso se le abrió en 2003 y ahora los tres magistrados que, en mayo de 2012, quisieron anular la acusación de cohecho contra Fabra, son los mismos que le juzgarán.

¿Ustedes lo entienden?

Estos días se sentenció el “caso Malaya”. Anda que no ha llovido ni nada. Los jóvenes ya ni se acuerdan de que iba esto. Por resumir, podemos decir que de pelotazos urbanísticos a lo bestia en Marbella.

Creo que este asunto ha tenido cinco años de instrucción, dos años de juicio y trece meses de redacción.

La verdad es que la justicia española no parece muy rápida. No señor.

Otro asuntillo que requirió su tiempo fue el “caso Palau”. Cuatro años después de su inicio el juez ha dicho que Convergencia Democrática de Catalunya se financió de forma irregular a través del Palau de la Música. Según el magistrado la constructora Ferrovial pagó 5,1 millones en comisiones al partido nacionalista.

De momento no ha pasado nada. Ni siquiera, nadie dimitió.

En Asturias el “caso Marea” parece que lleva el mismo camino: largo y escabroso. Desde 2010 anda rodando. Mientras, un exconsejero y una exdirectora general están procesados. 29 implicados. Esto tiene para rato.

También podríamos hablar de casode los ERE en Andalucía, que ya se está pareciendo a un serialón y lo que nos quedará en el caso Bárcenas, el caso Gürtel o en el caso Urdangarín.

El caso Blesa otro que tal la baila. Esto por mencionar algunos de los asuntos pendientes y que llevan su tiempo deaumbulando por los pasillos de los juzgados.

Haciendo un repaso de estos casos, viendo que los corruptos están casi todos en las calles, que se dilatan en el tiempo y se pudren los asuntos, que el dinero y el poder político atemperan la Justicia ¿habrá algo que cambiar?

Al final solo pedimos que sea independiente, responsable y sometida al imperio de la Ley. ¡Ah¡ e igual para todos, o lo más posible, tampoco tenemos que pasarnos.

Justicia e incomprensión social por M. Santiago Pérez Fernández se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.