Mano de obra municipal barata

Publicado en La Nueva España el 16 de febrero de 2017

El derecho al trabajo se ha convertido en una quimera. Unos años atrás nos creímos que la sociedad del bienestar - para entendernos - era inamovible y que las condiciones laborales mejorarían para todos - y no me refiero únicamente a los países desarrollados con una democracia parlamentaria -.

Con el auge del neoliberalismo llegó la globalización y todo se vino abajo. La derecha política-económica viró aún más a la derecha; la socialdemocracia se perdió por eso que denominó centro y acabó en la derecha; los más a la izquierda llegaron hasta Vistalegre 2.

El trabajo hoy es precario, mal pagado y con horarios interminables. Hablo de España, no de un país del tercer mundo, que ya deben andar por el cuarto o quinto.

No hay nada duradero. Eso que han denominado flexiguridad no es más que la consagración de la inestabilidad. Con esa inseguridad los trabajadores están sometidos a rebajas salariales, peores condiciones sociales y sobre todo a la incertidumbre sobre su futuro más inmediato.

Si a todo esto le añadimos un salario mínimo interprofesional de los más bajos de Europa, una reforma laboral que lapidó las mejoras logradas con muchos años de esfuerzo – incluidas muertes – el resultado es que quien tiene un trabajo se da con un canto en los dientes, a pesar de todo.

No importa que las cifras de paro sean exageradas, que el conjunto de la sociedad española esté pagando los desaguisados de la banca y los políticos cutres,  que familias enteras estén sobreviviendo de las escasas ayudas; nada de eso importa. Las administraciones siguen mirando para otro lado.

En este paisaje desolador surgen iniciativas que se “venden” como paliativos a esta cruel realidad. Uno de esos parches son los Planes Locales de Empleo.

Las administraciones, autonómica y locales, consideran que estos Planes son una medida orientada a la inserción laboral de los parados de larga duración. Es más, justifican su existencia en base a la magnitud de la crisis.

Podríamos dar por buena esta explicación, aunque hay un problema: antes de la crisis ya existían este tipo de programas, no son su consecuencia. Siempre con una característica: servían – y sirven - para ocupar puestos de trabajo estructurales dentro de los ayuntamientos.

Cada año se renuevan y los consistorios consiguen mano de obra barata. Tal cual.

En la actualidad un ayuntamiento contrata oficiales, por ejemplo, por 707 euros al mes. Un titulado superior por 910,30 euros. Estoy hablando de salario bruto. En el caso de que un ayuntamiento desee un titulado superior con contrato en prácticas, pagará 728,24 euros al mes – en bruto -. Una persona con formación profesional de grado medio cobrará 732,25 euros – brutos -. Con grado superior llegaría a los 755,48 euros – siempre en bruto -. Ninguno sobrepasaría los 1.000 euros brutos.

¿Hablamos ahora de trabajo digno? No puede ser un trabajo digno sino tiene un salario digno.

No hacen funciones distintas. Trabajan codo con codo con otros trabajadores municipales que cobran más que ellos por desarrollar las mismas funciones.

¿Se puede denominar a esto equidad? ¿No se asemeja a la explotación laboral?

El contratador es una administración: los ayuntamientos. Los planes son acordados por el gobierno autonómico y sindicatos.

Comprendo que quienes están en el paro se agarren a un clavo ardiendo, lo que me resulta incomprensible es que el clavo se lo ponga la administración.

No voy a entrar en eso de la reinserción laboral. Se puede comprobar si en los años que llevan desarrollándose se repiten nombres. Tampoco voy a hablar de los recursos judiciales y las indemnizaciones que han tenido que pagar los ayuntamientos. ¿Cómo se justifica esa negligencia y ese gasto por sentencias judiciales?

Señores, paguen salarios decentes. Den ejemplo y no se aprovechen de las necesidades de los más débiles.

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