18 ago. 2014

Ahora les toca pagar a las bibliotecas públicas






El viernes 1 de agosto el BOE (Boletín Oficial del Estado) publicó un Real Decreto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público.

Abreviando, que las bibliotecas públicas, entre otros, van a tener que pagar por tener libros y porque sus usuarios los lean.

Para que nadie se equivoque, creo que los autores tienen que cobrar por sus creaciones. A mí no me vale eso de todo gratis. ¿O es que solo queremos aficionados? ¿O tienen que ser pagados por el Estado?

Con la primera opción estaríamos abocados a un empobrecimiento cultural y con la segunda, a un control de la creación por parte del gobierno de turno.

El argumento para la puesta en marcha de este decreto es el artículo 1.1 de la Directiva 2006/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual y que obliga a los Estados miembros de la Unión Europea.

Eso sí, como son tan buenos, esta obligación se matiza y permite establecer excepciones en lo referente a los préstamos públicos, y siempre que los autores obtengan al menos una remuneración por esos préstamos, y podrá ser determinada libremente por los Estados miembros teniendo en cuenta sus objetivos de promoción cultural.

En el caso de España ya sabemos lo que nos espera. La sensibilidad cultural del gobierno ha quedado demostrada. A los hechos me remito.

Quedan exentas las bibliotecas docentes integradas en el sistema educativo o los establecimientos de titularidad pública que presten servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes. Pasarán por caja, además de las bibliotecas, las hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública.

La mayoría de las personas creíamos que en el precio de los libros iban incluidos los derechos de autor y que, dadas sus características, las bibliotecas públicas no se verían sometidas a más gravámenes.

Los pagos se podrán realizar a través de las entidades de gestión de los derechos de autor.

Llegados a este punto es cuando uno no puede dejar de pensar en todos los atropellos realizados por alguna de estas entidades. El nombre pónganlo ustedes, por favor.

Ya puestos a cobrar, lo hacen por todo.

Las bibliotecas públicas pagarán por el número de obras sujetas a derechos de autor (0,004 euros por obra) como por el número de usuarios efectivos del servicio de préstamo (0,05 euros por usuario). Los pagos son anuales.

Visto como ponen las cosas, las bibliotecas públicas pueden tomar sus medidas.

La política de adquisiciones podría cambiar. En vez de tener unos criterios para intentar cubrir un amplio espectro de autores y materias, como hasta ahora, lo podrán circunscribir a aquellos autores más demandados.

Me da a mí que si eso se produjese los autores peninsulares, en muchísimos casos, iban a salir muy mal parados. Algunos de ellos deben mucho a las bibliotecas públicas.

También podrían adquirir solo aquellos libros, u otros materiales, de aquellos autores que no se acojan a este impuesto.

Habrá, incluso, algunas bibliotecas que podrían verse obligadas a articular unas estadísticas B con los datos reales para pagar menos.

Como pueden ver, los desatinos podrían llegar a ser muchos.

Esta normativa se aplicará a partir del 1 de enero de 2016. Hasta esa fecha el cómputo se obtendrá multiplicando por 0,16 euros el número de obras adquiridas en cada biblioteca.

Miren, que a las bibliotecas públicas se les aplique este impuesto me parece un despropósito total. Quienes lo han ideado lo han hecho con un afán recaudatorio puro y duro para defender unos intereses privados, con un desprecio total hacia lo que representan estos servicios públicos.

Cualquier democracia que se precie cuida y mima sus bibliotecas públicas, por lo menos hasta ahora.  La Unión Europea lo ha olvidado. En España, tras el furor constructivo de nuevos edificios, se las fue relegando hasta dejarlas con unos presupuestos exiguos. Con esta medida les están poniendo la puntilla.

Ese espacio libre, el más democrático de todos los servicios públicos, verá como poco a poco languidece y sus fondos se volverán obsoletos. Los presupuestos para nuevas adquisiciones se reducirán aún más y los usuarios no encontrarán alicientes para volver a sus bibliotecas públicas. Ya saben, las novedades se las tendrán que comprar y no se preocupen que los libros digitales no bajarán de precio.

Van camino de cargarse uno de los pilares del conocimiento y acceso a la cultura más importantes de nuestra democracia. ¿Le importa a alguien?

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Ahora les toca pagar a las bibliotecas públicas by M. Santiago Pérez Fernández is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional License.

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