25 ene 2017

¿Remunicipalizamos el agua?

Publicado en La Nueva España el 25 de enero de 2017

El agua no es un producto comercial sino un bien público imprescindible para la vida y la dignidad humanas y de ningún modo se debe promover la privatización de las empresas del agua en el contexto de programas de ajuste económico o cualquier otro procedimiento de coordinación de política económica de la Unión Europea.

No lo digo yo, lo dijo el Parlamento Europeo en una resolución de 8 de septiembre de 2015, sobre el seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water.

Es necesario proteger la titularidad pública del agua impulsando modelos de gestión pública.
Oigan, que lo dijo el Parlamento Europeo.

Miren si son osados estos parlamentarios europeos que se atrevieron a solicitar a los estados miembros que garanticen la aplicación a los servicios de aguas y saneamiento de un sistema tarifario justo, equitativo, transparente y adecuado.

Llegados aquí me entra la risa.

Cojan un recibo del agua. Comprueben los metros cúbicos que han gastado. Si han gastado menos de 21, por poner un ejemplo, no se preocupen, les cobrarán igualmente 21. Si se pasan de esos 21 metros cúbicos tampoco se preocupen, les cobrarán un recargo. Ven, todo está muy claro. El mínimo para pagar son 21. Mínimo que varía de un lugar a otro.

Lo cual me conduce a otra pregunta: ¿Cómo es que varía ese mínimo? ¿Lo marca el ayuntamiento de turno o la empresa que lo gestiona? ¿En esto del agua no hay también un mínimo vital?

Nada, cosas mías. Si lo hacen así es por nuestro bien. ¡Qué sabré yo de estas cosas!

En esto de lo público o privado – úsese, si quieren engañarse, aquello de gestión privada de un recurso público – no está claro ni para las gentes de un mismo partido. A los ejemplos me remito.

El Ayuntamiento de Navia pretende que el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) asuma la gestión del agua en ese concejo. Según el alcalde naviego, Ignacio García Palacios, se trata de una idea que podría mejorar el servicio que hasta el momento presta Asturagua.
Pues eso.

Por su parte, el alcalde de Cangas del Narcea, José Víctor Rodríguez, manifestó que la idea es gestionar el agua públicamente, ya sea a través de un consorcio o directamente desde el Ayuntamiento. En este municipio gestión corresponde a Aquagest.
Pues bien.

En el lado contrario, en este tema, se encuentra el alcalde de Tineo, José Ramón Feito Lorences, que se manifestó en contra de volver a asumir la gestión del agua.
Pues vale.

Los tres son alcaldes del PSOE.

Por cierto, son muy “curiosos” los cambios que estas empresas privadas del agua realizan con su nombre. Tan pronto es Asturagua, como luego Aquagest, más tarde vuelven al primero. Un lío, la verdad. Para ellos no tanto, son la misma empresa.

De pronto me viene a la cabeza el Caso Pokemon. Malas pasadas del subconsciente.

El grupo Agbar, Aguas de Barcelona, es una sociedad que controla, o controlaba – yo que sé a estas alturas – Aquadom, empresa que controla – o controlaba – once demarcaciones geográficas. Tiene presencia destacada en Castilla y León, Castilla la Mancha y Asturias.

Aquadom era – o sigue siendo, yo que sé – el único accionista de la Hidrobal que tiene negocios en Baleares; Canaragua, en Canarias; Hidrogea en Murcia; Hidraqua en la Comunidad Valenciana; Aquanex en Extramadura; Viaqua en Galicia; Aquarbe en Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja; y Aquara en Aragón.
Ahora tienen otra denominada Sorea.

Siento no poder ser más preciso pero con tanto cambio me pierdo. Por ahí deben andar las cosas. En internet pueden ver sus páginas.

Y todo esto lo traigo a colación ya que demuestra que el agua es un gran negocio. Ya saben, el agua, ese bien público de primera necesidad.

Una curiosidad. Allá por el 2004, un veintidós de julio, en un lugar de Asturias, del que me acuerdo pero no voy a nombrar, el pleno municipal aprobó “un incremento de la retribución de la empresa concesionaria del servicio integral de abastecimiento de agua y saneamiento de este concejo equivalente al 10,72 % para el ejercicio 2003 y al 9,32% para el 2004 en concepto de revisión de precios”. Y todo ello “de acuerdo con el convenio suscrito entre la empresa concesionaria y este Ayuntamiento con efectos de 20 de diciembre de 2002 según el cual la revisión de precios de los periodos comprendidos entre primer trimestre de 2003 y segundo de 2006 se realizará suplementando el IPC correspondiente en 6,72 puntos para absorber las revisiones no practicadas en los años 1999, 2000, 2001 y 2002”.

Bien, creo que no necesita muchos comentarios.

Estoy seguro que habrá quien me hable de las bondades de lo privado en la gestión de lo públicos. También podrán decirme que los gestores de lo público se preocupan más de ganar votos que en hacer las cosas bien. Y así ad infinitum.

Yo lo único que sé es que lo público está engordando muchas carteras, sobre todo las de aquellos que más lo denigran. Tengo muy claro que cada vez que se privatiza – externaliza según eufemismo político – un bien público tiene varios resultados casi inmediatos: peor servicio, más caro para los ciudadanos y salarios más bajos para los trabajadores. No voy a ser maximalista, yo no conozco ningún caso en el que haya sucedido lo contrario.

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