El peor de los vaticinios se cumplió: el
Fiscal General del Estado fue declarado culpable.
Cinco de los siete magistrados que lo
juzgaron están encasillados como conservadores, dos progresistas. De momento
solo conocemos el fallo que no la sentencia. Esta circunstancia resulta anómala
ya que el Tribunal Supremo, hasta ahora, hacía coincidir el fallo y la
sentencia. Digamos que resulta curioso. También es llamativo que ese fallo se
hiciese público un día tan señalado como es el 20 de noviembre, que en esta
ocasión lo fue aún más ya que se cumplieron 50 años de la muerte del dictador
Francisco Franco. Una coincidencia que no tiene nada de casual, fue toda una
declaración de intenciones. Hasta conspicuos personajes de la extrema derecha
así lo han reconocido. Por supuesto los miembros del tribunal eran conscientes
de que esa sincronía iba a molestar a una parte de los ciudadanos y no les
importó, más bien pareció una provocación y demostración del poder que
detentan.
Hay que recordar que todo comenzó el 2 de
febrero de 2024 con el envío del abogado de Alberto González Amador, novio de
la presidenta madrileña, de una notificación a la Fiscalía de Madrid en la cual
reconocía que había defraudado a Hacienda. Este detalle necesita alguna
puntualización. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, fue quien frenó
las investigaciones de las 7 291 muertes en las residencias de ancianos de
Madrid. «Casualmente» Lastra solicitó el archivo de la causa del hermano de
Isabel Natividad Díaz Ayuso por el caso de las comisiones que cobró por las
mascarillas.
No hay que olvidar esa fecha del 2 de febrero
y la cantidad de personas que tuvieron acceso a la notificación del abogado de
Alberto «Quirón», como también se le conoce.
El 13 de marzo de 2024 el periódico El
Mundo publicó que la fiscalía había ofrecido un acuerdo a Alberto González.
Repito, el 2 de febrero de 2024 es cuando llegó la notificación a la Fiscalía
Superior de Madrid. Este «detalle» parece que no dio pista alguna ni a la UCO
ni, por lo visto, al tribunal. Curioso ¿verdad?
Ese mismo día, 13 de marzo, Isabel Natividad
en una rueda de prensa desmiente la noticia de El Mundo y afirmó que era
Hacienda quien debía 600 000 euros a su novio. Otra peculiaridad en este caso
es que a partir de ese momento Alberto «Quirón» pasará a ser un ciudadano
anónimo al que persigue el Gobierno. No olviden el apoyo y defensa que hace la
comunidad madrileña, con su presidenta al frente seguida de su perro guardián,
de ese «ciudadano anónimo». Estoy seguro que de ahora en adelante la comunidad
extenderá a todos los madrileños esa prestación. Sí, seguro.
Por favor, no olviden que Alberto González
reconoció a través de su abogado que cometió un delito fiscal y que además está
acusado de falsedad documental.
Como de todo, dicen, hay en la viña pues en
la judicatura también. ¿Quienes son los jueces que declararon culpable al
Fiscal General?. Veamos.
El presidente de la Sala de lo Penal es
Andrés Martínez Arrieta. Fue propuesto para ese puesto por el sector
conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Creó la Asociación
Judicial Francisco de Vitoria que aunque se dice independiente no lo es a tenor
de sus actos.
Juan Ramón Berdugo es miembro de la
Asociación Profesional de la Magistratura, conservadora y mayoritaria. Llegó al
Supremo de la mano del CGPJ en el momento en que Aznar tenia mayoría absoluta.
Manuel Marchena es conocido por sus
solicitudes para que se levantase la inmunidad a Carles Puigdemont. Es un juez
polémico. No aceptó el cargo de presidente del CGPJ cuando se hizo público el
mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, cuando hablaba de
colocar a Marchena como presidente para controlar la Sala de lo Penal del
Supremo desde atrás. Lo dijo un senador de manera confidencial así que no creo
que nadie se atreva a decir que es mentira.
Antonio del Moral. Conservador y muy
religioso. Parece que está última faceta es relevante cuando toman decisiones
sobre determinadas cuestiones. Fue ponente de la sentencia del Tribunal Supremo
que exculpó a la exalcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, que archivó el
caso por haber prescrito y ello a pesar de que firmó contratos al margen de
todo procedimiento legal, según un juez, relacionados con la trama Gürtel. En
la actualidad García-Pelayo es senadora por el PP y presidenta de la Federación
Española de Municipios y Provincias. ¿A qué no les extraña? A mí tampoco.
La última de los «cinco magníficos» es Carmen
Lamela. Esta magistrada fue la instructora del polémico caso Altsasua
por el que ocho jóvenes vascos fueron acusados de terrorismo tras una pelea en
un bar con dos guardias civiles. La sentencia rechazó la acusación de
terrorismo. Lamela encarceló a Sandro Rossell, presidente del Fútbol Club
Barcelona, durante 22 meses, en prisión provisional, con posterioridad la
Audiencia Nacional lo absolvió.
De las dos magistradas progresista no voy a
decir nada, es fácil ver sus biografías. Estoy de acuerdo con ellas. Pueden
llamarme sectario, pero hasta aquí son hechos demostrables que no admiten
discusión, o no debieran.
Veremos la sentencia. Imagino, no queda otra
de momento, que la cuestión de revelación de secreto quedará en nada y se
centrarán en que el Fiscal General no puede difundir esos desmentidos. Sí fuese
así sería difícil de aceptar ya que se han desvelado infinidad de nombres en
casos similares y no pasó nada. Por lo que sabemos lo tienen muy difícil de
justificar.
No han dado crédito a lo dicho por
periodistas que negaron rotundamente que el Fiscal General les hubiese pasado
el dichoso correo. Esto parece que ha sido así visto el fallo. En este caso,
¿cuando van a imputar a esos periodistas por mentir al tribunal? Por otro lado,
Miguel Ángel Rodríguez (MAR) reconoció que el bulo lo generó él, ¿acaso este
dato no es relevante? Dijo que él puede mentir ya que no es un notario. ¿Así y
todo el tribunal creyó algo de lo que les dijo? Oigan, que reconoció ser un
mentiroso.
Es notorio y público para trabajadores de las
fiscalía y periodistas que cubren tribunales que la Fiscal Superior de Madrid,
señora Lastra, tiene una enemistad declarada con el Fiscal General. ¿No se pone
en tela de juicio su palabra?
Estos cinco magistrados fueron los que
aceptaron que el caso llegase al juicio oral por lo que ya partían de una idea
preconcebida, ¿no tendrían que ser otros jueces quienes vieran el caso?
Dada la falta de sentencia parece que han
dado credibilidad a lo dicho por Alberto González Amador. Les recuerdo que es
el imputado que reconoció su delito.
El tribunal no dio por buena la explicación
de que cientos de personas tuvieron acceso al correo electrónico. ¿Cómo es
posible?
La UCO (Unidad Central Operativa) consideró
desde el primer momento que el correo se hizo público por imposición del Fiscal
General ya que se trata de un órgano jerárquico, por lo tanto él fue el
responsable. Claro, nunca un subordinado a «puteado» a su jefe. Reconocieron
que realizar una investigación sobre las personas que pudieran haber visto ese
correo e investigarlas sería una labor imposible de realizar y por eso la
centraron en el fiscal. Es más que evidente que desde el primer momento se
centraron en el que consideraron culpable. Es más, como no encontraban nada que
lo inculpase vaciaron todos sus aparatos electrónicos y extrajeron toda la
información que contenían, para lo cual no tenían permiso. Se basaron también
en que el Fiscal General eliminó sus mensajes y que esa circunstancia le
inculpaba. Se demostró que lo hace de forma regular ya que contiene información
muy relevante. La UCO tuvo tiempo para hacerlo antes del borrado, pero no lo
hicieron. Por otra parte, me parece normal que lo hiciera, yo lo hubiese hecho
también. Por experiencia se sabe que esas informaciones acaban saliendo a la
luz, dado el contenido de la información que almacenaba antes de que eso
pudiese suceder lo borró todo. ¿Qué pasaría sí al cabo de un tiempo empezaran a
aparecer informaciones sobre planes contra narcotraficantes o terroristas…? ¿No
estaría incumpliendo con su obligación de preservar el secreto? Desde luego que hizo bien. En el momento que
el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, estaba diciendo que la UCO no
realizaba investigaciones prospectivas los presentes en la sala soltaron una
risotada, el propio teniente coronel se rió, ahí están lo vídeos que lo
demuestran. ¿Tanta gracia le causó? Reaccionó igual que un niño al que le
pillan en una mentira, se rió. Al tribunal le pareció normal ya que no le
preguntó nada sobre su actitud. ¿Ustedes no lo habrían hecho?
No hubo ni una sola prueba que demostrara su
culpabilidad. Él no tenía que desmostrar su inocencia, pero al parecer eso es
lo que querían las extremas derechas. No hubo una sola prueba inculpatoria.
Visto lo visto, leído lo leído, no cabe duda
de que ha sido una decisión política. Estos jueces como podían hacer hicieron.
Por cierto, tres de esos jueces, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y
Antonio del Moral, han impartido un curso pagado en el Colegió de Abogados de
Madrid, que ejerció como acusación popular en el juicio contra el Fiscal
General. No me digan que no queda feo.
La injerencia política de demasiados jueces
cada día es más evidente. Recordemos que los jueces de las asociaciones
conservadoras se pusieron en huelga contra las reformas impulsadas por el
Ministerio de Justicia que pretenden cambiar la forma de acceso a las carreras
judiciales y fiscales y modificar el estatuto que regula a la Fiscalía. Con
ello se pretende dejar en manos de los fiscales la instrucción de las causas
penales, que es lo que ocurre en la mayoría de los países de la UE (Unión
Europea). Hicieron una huelga preventiva, ¿dónde dejaron la separación de
poderes? Los jueces no pueden ponerse en huelga, ¿dónde dejaron la legalidad?
Con esta sentencia la desconfianza de muchos
ciudadanos contra esos órganos superiores de la Justicia aumentó de manera
alarmante, tanto que se produjeron concentraciones de protesta por ella en
varias ciudades.
Desde el PP, partido de extrema derecha, se
critica el apoyo de Sánchez al exfiscal y su desacuerdo con el fallo. ¡Faltaría
más que no lo pudiera hacer! Eso no es injerencia. El PP critica la sustituta
de Álvaro García Ortiz por ser nombrada por el Presidente del Gobierno. Vamos a
ver, la persona designada para ese cargo es nombrada por el Rey a propuesta del
Gobierno tras escuchar al CGPJ, cuya opinión no es vinculante. ¿Querían
nombrarlo ellos?
Ha sido un fallo político con demasiadas
lagunas, contradicciones y sospechas, todas ellas sin prueba alguna de
culpabilidad de Álvaro García Ortiz. ¡Flaco favor han hecho esos cinco
magistrados a la Justicia!
No hay comentarios:
Publicar un comentario