La Justicia, con mayúscula, nunca fue igual
para todos. Dicen que debe ser sorda y ciega, pues ni uno ni otro. Fíjense sí
estaba claro que aun pervive el dicho «Más vale un mal acuerdo que un buen
juicio». Imaginaba que tenía mucha antigüedad, pero sin certeza, así que
recurrí a «San Google» y me contó que el antecedente más remoto se encuentra en
un aforismo romano de Tito Livio: «Melior tutiorque est certa pax quam sperata
victoria», o lo que es lo mismo «Mejor y más seguro es una paz cierta que una
victoria esperada». Creo que se entiende. Hay quienes le adjudican la frase a
Cervantes, lo siento, pero no tengo ni idea.
Ya en tiempos más recientes desde los incios
del movimiento obrero siempre se tuvo muy claro que la «Justicia» beneficiaba a
los más ricos y poderosos al tiempo que les protegía de la clase trabajadora.
En la actualidad la desconfianza ha crecido tanto que son muchos los que no
creen en ella, mejor dicho, no creemos en la imparcialidad de muchos jueces.
Triste pero cierto.
Hay suficientes casos para justificar la mala
prensa entre los ciudadanos, por ejemplo el caso de Jordi Pujol. ¿Cuantos años
lleva a la espera de juicio? ¿Diez, once? ¿Cómo es posible que no se hayan
investigado la muerte de 7 291 personas en las residencias de ancianos
madrileñas? ¿Qué es de Eduardo Zaplana? Ana Botella «regala» viviendas
públicas, ¿pasó algo? Francisco Álvarez Cascos utilizó fondos de su partido
para gastos familiares y a un juez le pareció bien. Sigo… Por cierto, ¿alguien
puede explicarme el aforamientos de determinados ciudadanos? Ya saben que eso
significa que ciertos personas, por razón de su cargo público, léase diputados
autonómicos, nacionales y senadores, deben ser juzgadas por un tribunal
superior distinto al de la justicia ordinaria. Eso sin hablar de los reyes que
no se pueden juzgar. ¿Eso es igualdad ante las leyes? No, rotundamente no. Esto
del aforamiento nos lleva a pensar que existe una connivencia entre políticos y
jueces. Pueden demostrarnos que estamos equivocados eliminando esa figura
jurídica, así de fácil.
El caso más reciente, uno de los más
escandalosos, es el juicio, ya visto para sentencia, del Fiscal General del
Estado, Álvaro García Ortiz. Un análisis mínimamente objetivo nos dice que hay
una clara intromisión del mundo judicial en la política. La culpabilidad hay
que demostrarla de forma fehaciente y no es el acusado quien tiene que
demostrar su inocencia. Así funciona nuestro sistema judicial. Pues bien, el
caso está tan enfangando que los partidos políticos de la extrema derecha,
medios afines y sus hooligans han dictado sentencia de culpabilidad.
Tenemos suficiente información y conocemos de
forma directa mucho de lo sucedido en el juicio y es imposible no ver que se
trata de un montaje político. Está claro que el promotor de este desastre es
Miguel Ángel Rodríguez, cabeza pensante de Isabel Natividad Díaz Ayuso. Esta
afirmación es innegable e indiscutible. Otra cosa es que a ese hacedor de
mentiras y bulos se le fue de las manos. Su cabeza atrofiada no da para pensar
algo tan retorcido, él, MAR, es simple, chabacano, chusco, soez, pero no tan
inteligente como se cree. Al ver el follón en que metió a su jefa tuvieron que
tirar para adelante y movilizar a todas sus huestes y vieron una posibilidad no
solo de llevarse por delante al Fiscal General si no al Presidente del
Gobierno. Esa se convirtió en la pieza a cazar. Con unas mínimas entendederas
se comprende. Por cierto, ¿a MAR no le tendrían que haber cesado.
El juez Hurtado mandó realizar unas
investigaciones prospectivas, prohibido por nuestra legislación. Para los que
no sepan a que se refiere eso de prospectivas les transcribo lo que dice la
RAE: «Conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de
predecir el futuro en una determinada materia». Pues así y todo no encontraron
nada, absolutamente ninguna prueba que inculpe a García Ortiz. Nadie puede
negar esta evidencia, el juez Ángel Hurtado actuó de forma indebida. ¿Cometería
un delito? No lo sé. En este punto me asaltan dudas muy preocupantes, ¿cómo es
posible que en instancias superiores no pararon el «caso» y permitieron que
llegase al juicio oral? Desde el conocimiento de un profano en leyes es difícil
de entender. La respuesta más obvia, ven estoy suponiendo sin prueba alguna, es
que … voy a ser prudente y no les voy a acusar de nada. A su vez, este
pensamiento no explicitado me lleva a reflexionar sobre el enfrentamiento entre
una parte muy importante de la judicatura por la reforma judicial que quiere
introducir el Gobierno, que les llevó a realizar una huelga, aunque no las
pueden hacer. Sus señorías se saltaron la ley. ¿O esto también es mentira?
¿Habrá influido en algo? Ven, otra opinión que ante un juzgado no sería
aceptada sin pruebas. Rizando el rizo ¿me pueden explicar cómo es que un juez
admite a trámite una querella basada en una noticia de prensa sin prueba
alguna? ¿Verdad que eso está pasando? Está pasando. Entonces ¿qué pasa con
determinados jueces en este país? ¿Habría que tomar medidas disciplinarias
contra ellos por mala praxis? ¿Habría que aplicarles el artículo 404 del Código
Penal? Pues no sé, solo me hago preguntas.
Volvamos al caso. El novio de Isabel
Natividad no es culpable de varios delitos? Lo es, Hacienda lo confirmó. ¿Es
cierto que cientos de personas pudieron ver el correo electrónico de marras
antes que el Fiscal General? Verdad verdadera. ¿El tribunal dará por buenas las
explicaciones de Miguel Ángel Rodríguez? Ya puestos a creer, ¿el tribunal
aceptará como cierta la declaración de la Fiscal Superior de Madrid, señora
Lastra? Esta señora es muy amiga de Isabel Natividad y está claramente
enfrentada a García Ortiz. Esa fiscal no aceptó la investigación sobre las
muertes de 7 291 personas en las residencias de ancianos madrileñas por culpa
de unos protocolos políticos que no médicos.
La UCO (Unidad Central Operativa) bajo el
mando del teniente coronel Balas no ha salido bien parada. Balas es jefe de la
unidad de delincuencia económica de la UCO. De su declaración ante el Tribunal
Supremo se desprende, perdón, se constata que no tienen una sola prueba que
inculpe a García Ortiz. Todo fueron suposiciones. Sus investigaciones se
centraron en el Fiscal exclusivamente. Fue deprimente.
Varios periodistas actuaron como testigos y
todos afirmaron que tenían el dichoso correo electrónico antes de que lo viera
el Fiscal y que este no se puso en contacto con ellos. ¿Aceptarán su palabra?
Hay que recordar que el culebrón se inició el
2 de febrero de 2024 con el envío por parte del abogado de Alberto González
Amador, novio de Isabel Natividad, a la Fiscalía de Madrid para reconocer un
delito de defraudación fiscal. El 13 de marzo Isabel Natividad da una rueda de
prensa para desmentir que su pareja deba 350 000 euros a Hacienda. Ese mismo
día el periódico El Mundo publicó que la fiscalía había ofrecido un
acuerdo a Alberto González. Cosa que era falsa, de ahí surge el desmentido.
Por favor, hagan un esfuerzo y piensen con
objetividad ¿a esas alturas cuantas personas tendrían el primer correo
electrónico? Cientos y los que no lo conocieran tras la intervención de Isabel
Natividad se hicieron con él.
Mire como se mire no hay pruebas
inculpatorias, ni una sola. Lo que sí tenemos claro muchos ciudadanos es que
esto es una cacería promovida de forma artera. Ahora queda por ver la
sentencia. Las dudas son muchas. ¿Se imaginan como quedará el juez instructor?
¿Y la UCO? ¿Y Miguel Ángel Rodríguez y su jefa? ¿Y el Partido Popular? Y por
último y no menos importante ¿y sí el Tribunal Supremo condena al Fiscal
General del Estado? Menudo papelón. Los jueces quedarían desacreditados para
muchos ciudadanos, al igual que si dictaminan en caso contrario. Sí lo condenan
el caso seguirá con recursos a nivel europeo, el descrédito de la judicatura
quedará por los suelos. Recuerden que no quedaron muy bien con las órdenes de
extradición de Puigdemont.
Ah, recuerdo también a aquellos que pidieron
la dimisión de García Ortiz a pesar de saber, y decir públicamente, que era un
montaje, ¿pedirán perdón?! Lo dicho,
¡menudo papelón! tiene el Tribunal Supremo.
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