Intento comprender lo que sucede a mí
alrededor, máxime en la política ya que condiciona nuestra vida. Aquellos que
dicen que no les interesa o no se han enterado de como se regula la vida de los
ciudadanos son unos ingenuos, por decirlo con mucha prudencia.
Las democracias lo son en tanto los
ciudadanos participan de la vida pública, y no solo por medio del voto. La voz
de los ciudadanos tienen que escucharla aquellos que tienen el mandato democrático
de organizar, velar y mejorar la vida colectiva, y digo la voz, no las voces y
los improperios.
Esto que parece obvio parece que se ha
olvidado, especialmente por obra y desgracia de las redes sociales, y hay que
repetirlo constantemente aunque uno parezca un tonto de remate.
Otro «olvido» es el de la división de
poderes. Dos de ellos, el poder legislativo y el ejecutivo, son elegidos, los
primeros por los ciudadanos, diputados y senadores, el segundo por los
diputados, el gobierno, el tercero, el judicial, es otro cantar.
Los jueces y magistrados, en España, son
elegidos por oposición pública y méritos. Las oposiciones a estos cuerpos son
difíciles, pero hay otra forma de acceso que es por un turno específico para
juristas de reconocida competencia y con años de experiencia. Este segundo
caso puede llegar a ser más arbitrario.
Los jueces tienen un órgano constitucional,
el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), encargado de garantizar la
independencia del poder judicial y tiene competencias de carácter
administrativo, de selección, disciplinario y de inspección. El CGPJ se encarga
de gestionar y aprobar los destinos, ascensos, traslados y situaciones
administrativas de todos los jueces y magistrados en España. Comprenderán que no
es cosa menor, como diría M. Rajoy.
Los miembros del CGPJ, los vocales, son
nombrados por un período de cinco años. Doce vocales son jueces o magistrados,
propuestos entre candidatos que cuenten con el aval de asociaciones judiciales
o al menos veinticinco jueces en activo. Ocho vocales son juristas de
reconocida competencia. Deben ser abogados, fiscales o profesores de
universidad con más de quince años de ejercicio profesional. Estos veinte
vocales son designados por el Parlamento (Congreso y Senado) por mayoría de
tres quintos, es decir, al menos tienen que tener el apoyo de 210 diputados y
159 senadores.
Este sistema de elección lo soporta
fácilmente el papel, pero la realidad es muy diferente. Las tensiones para su
renovación se vieron no hace tanto. En julio de 2024 se renovó el CGPJ tras más
de cinco años de retraso. Las discrepancias entre PP y PSOE hicieron imposible
el acuerdo. ¿Motivos? Políticos, sin duda. ¿Eso significará que cada uno de los
elegidos se verá más comprometido que nunca con el partido que lo nombró? A la
realidad me remito.
Permítanme una aclaración que en estos
momentos me parece relevante. Vean. Si acceden a la página oficial del Consejo
General de Poder Judicial y van a ver las funciones que tiene asignadas se encuentran
con el vacío, con la nada. Hay una nota que dice: «No
hay información disponible». Tal cual.
Si nos vamos al
Tribunal Constitucional más de lo mismo. El Partido Popular mantiene paralizada
la renovación de ese tribunal.
La justicia, así
en minúsculas, hoy está en entredicho y entre una parte de la sociedad está muy
mal vista. Hay actuaciones y sentencias judiciales que resultan
incomprensibles. Desde luego se justifican con bastantes folios de términos en
muchas ocasiones sorprendentes para la mayoría de los ciudadanos ya que
utilizan un lenguaje decimonónico y trasnochado. Da la sensación de que tras
ello hay una intención de envolver en el oscurantismo las decisiones
judiciales, a la vez que su inconcreción, en demasiados casos, abre la puerta a
que los juicios se eternicen.
Esos juicios
«raros» afectan directamente a miembros del partido socialista o familiares del
presidente Pedro Sánchez. La causa contra el hermano de Sánchez resulta
inexplicable para muchos expertos, al igual que la imputación a Begoña Gómez,
esposa del presidente. En este último caso las actuaciones de Peinado resultan
cuando menos estrambóticas. El CGPJ le va a abrir un expediente, después de dos
años de marear la perdiz. La presidenta del CGPJ desempató con su voto de
calidad para llevarlo adelante, pero
todo ello fue por por manifestar en una resolución judicial que los policías que
sirven de escolta a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez,
podrían ayudarla a huir de la justicia. En fin, por todo lo demás… Un gran
número de ciudadanos estamos de Peinado hasta… muchos puntos suspensivos.
El otro caso, sin
parangón, fue el del Fiscal General del Estado. Con una sentencia que no
demostró nada los jueces de la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo
lo condenaron. De rositas se fueron Miguel Ángel Rodríguez, quien confesó que
había difundido el mensaje a los medios y que el tribunal atribuyó al Fiscal
General, sin prueba alguna. El novio de Isabel Natividad Díaz Ayuso, Alberto
González Amador, quien provocó todo el lío y que no demostró nada en sus
acusaciones contra el Fiscal se fue tan tranquilo. En el juicio las
declaraciones, bajo juramento, de varios periodistas no fueron admitidas por el
tribunal. El no creerlos implicó que habían mentido, en ese caso el tribunal
tendría que imputarlos por mentir bajo juramento. No lo hizo.
Hoy han salido
las sentencias de Ábalos, Koldo y Aldama. Veinticuatro años para Ábalos,
diecinueve para Koldo y cuatro para Aldama, que no ingresará en prisión dada su
colaboración con el tribunal. Del dinero que se embolsó Aldama nada de nada, se
lo queda casi en su integridad. Sorprende la severidad de las sentencias de los
dos primeros, una pena por asesinato puede ir entre los veinte y los
veinticinco años. La sentencia de Aldama no tiene un pase. Este tribunal ha
creado un precedente nefasto. A partir de este momento cualquiera que cometa un
delito si delata a los partícipes sabe que los tribunales van a ser muy
generosos con ellos. Aldama se aprovechó de sus contactos con Ábalos y Koldo,
hizo muchos millones y se los queda. ¿Es comprensible? No, no, no. Eso sí, le
imponen que no vuelva a delinquir y que haga servicios a la comunidad durante
un año. Cuesta trabajo mantener la compostura ante tamaño dislate. Por cierto,
¿cuanto dinero han localizado a Ábalos y Koldo? Unas miserias. ¡Vaya chorizos
de poco pelo! Fueron unos chorizos, no hay duda, pero esta sentencia es algo
más. Le han puesto una alfombra roja a Cerdán, como escupa para arriba se va
con las manos en los bolsillos.
Y no se trata de
estas sentencias e imputaciones, hay que hacer una comparativa con el
funcionamiento de los jueces con casos de otros políticos no de izquierdas.
Pensemos en el caso de los Pujol, Zaplana, Rato… Por cierto, qué sabemos de
Montoro, de la familia de Feijóo, de los retrasos en los casos del novio de
Ayuso, de… Los jueces, demasiados, no son ciegos ni sordos. Actúan en función
de unos parámetros alejados de la imparcialidad y en esta España se han convertido
en actores políticos.
No hay que ser
ingenuos, las leyes se hacen para mantener la paz social, vale, pero bajo las
directrices de los más poderosos para defender sus intereses, esa es la
percepción que surge de las desigualdades en su aplicación y diseño.
Comprendo que los
seguidores más radicales de las derechas extremas estén entusiasmados con todos
estos juicios, pero cualquiera que utilice la razón verá que algunas
actuaciones judiciales se extralimitan y tienen un interés político. No dudo
que existen unas actuaciones mediáticas, políticas y judiciales encaminadas a
derrocar a este gobierno. No es la primera vez que convergen, pero nunca lo
hicieron con esta agresividad que está desestabilizando la democracia.
Esta temporada me
acuerdo mucho del «sindicato del crimen».
No hay comentarios:
Publicar un comentario